El 18 de marzo de 2025, el gobierno de Ecuador proclamó un estado de emergencia ambiental durante 60 días en diversas provincias del país, a causa de un grave derrame de petróleo que ha contaminado ríos, perjudicado a comunidades indígenas y amenazado la biodiversidad de la Amazonía. Este incidente ocurrió en la provincia de Orellana, donde una fuga en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) provocó el vertido de miles de barriles de petróleo en el río Coca, uno de los afluentes más significativos de la región.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el derrame habría sido causado por un deslizamiento de tierra que afectó la infraestructura del oleoducto. Aunque las autoridades aún no han determinado el volumen exacto del petróleo derramado, se estima que la contaminación ha impactado más de 100 kilómetros de ríos, incluyendo el Coca y el Napo, los cuales son esenciales para las comunidades locales y la fauna salvaje.
Además del daño ambiental, el incidente ha encendido las alarmas sobre la seguridad de la infraestructura petrolera en Ecuador, un país que depende en gran medida de la exportación de crudo para su economía. Organizaciones ambientalistas han criticado la falta de mantenimiento preventivo en los oleoductos y han exigido sanciones para las empresas responsables.
El gobierno ha comunicado que llevará a cabo una investigación sobre los motivos del derrame y adoptará acciones para prevenir nuevos incidentes. Por otro lado, las comunidades perjudicadas recibirán asistencia humanitaria, como agua potable y alimentos, mientras se analizan los daños a largo plazo en los ecosistemas.
